El pleno de Calp, celebrado ayer por la tarde, ha dado su conformidad con los votos de todos los grupos políticos al informe ambiental y territorial estratégico relativo a la modificación D-14 del PGOU por el que se modifican los parámetros de edificabilidad en los sectores de Morelló, Ifach, La Fossa y Saladar. El informe fue dictaminado por la junta de gobierno de forma favorable, tras haberlo consultado con diferentes órganos municipales (concejalías de Comercio, Igualdad, Policía Local…) y supramunicipales (Costas, Confederación Hidrográfica del Júcar…) que dieron su visto bueno al respecto.
Con este trámite continua el procedimiento, al que le restaría su traslado al Servicio Territorial de Urbanismo, su publicación en el DOGV y un período de exposición pública para que se apruebe de forma definitiva.
De esta manera, se establecen nuevos parámetros que vendrán a homogeneizar el tipo y escala de edificación en estos sectores. “Se trata de homogeneizar el paisaje urbano de Calp, de que no se levanten esporádicamente grandes torres”, según ha destacado el concejal de Urbanismo y Territorio Juan Manuel del Pino. Y ha añadido que gracias a esta modificación se ha conseguido que un proyecto de 30 alturas ahora se haya reconvertido en dos edificios de 15 y otro, próximo al puerto, con 32 alturas pase a ser dos torres de 19 alturas, con lo que se homogeneizan con los edificios de alrededor “que se mantienen en las 17 y 18 alturas”.
El debate en este punto giró en torno a la protección de los Banys de la Reina ya que estas nuevas medidas urbanísticas suprimen la liberación de alturas en el Saladar que fueron aprobadas en la anterior legislatura con el fin de trasladar a esta zona los derechos urbanísticos de los propietarios del yacimiento arqueológico.
Sobre la protección de los Banys de la Reina, que han sido posteriormente declarados Bien de Interés Cultural por la Generalitat, Del Pino señaló que la conselleria de Cultura está “muy interesada” en conservar esta área arqueológica y que esta es consciente de que está pendiente la compensación a los propietarios. Y avanzó que el ayuntamiento está a la espera de recibir instrucciones concretas para la redacción de un plan especial del yacimiento. La alcaldesa, Ana Sala, por su parte, reclamó de la Generalitat implicación para poder encontrar la forma de compensar a los propietarios y proteger este yacimiento.
En el pleno se debatieron otros puntos de contenido urbanístico como el programa de actuación para la construcción de un edificio de 19 alturas y proyecto de reparcelación de la zona en la que se ubicará en la calle Ponent, 2 en la Calalga, que se aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno y los votos en contra de la oposición.
Se trata de una parcela de 2.430 metros cuadrados en la que el ayuntamiento tiene derechos urbanísticos sobre 792 metros, ya que que el PGOU de 1998 calificó toda la superficie de la parcela original como edificable. Los nuevos propietarios de la parcela en su propuesta reconocen esos 792 metros al ayuntamiento, ceden a este una plaza pública y un viario y además compensan el aprovechamiento que pertenece al consistorio con aproximadamente un millón de euros. Al mismo tiempo, al disponer de los 2.400 metros cuadrados la empresa gana en edificabilidad y, por tanto, podrá construir un edificio más ancho - concretamente en su construcción podrá disponer de mil metros cuadrados más de techo.
El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, ha señalado que “aquí se tiene la oportunidad de evitar que en esta parte del pueblo como es la Fossa aumente la edificabilidad, una mayor saturación en una zona ya de por sí saturada”.
El portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha criticado que se hayan desestimado las alegaciones presentadas al proyecto y ha afirmado que considera que existe una segregación encubierta del suelo en esta operación. “Si una parcela la divides y haces un uso exclusivo y excluyente de las dos partes y ni tan sólo la parte del ayuntamiento tiene una cuota del edificio, para mí es una segregación pero no se plantea como segregación sino como un pro indiviso, a efectos de poder vender esta edificabilidad al promotor”, ha manifestado.
El concejal del partido socialista Marco Bittner insistió también en la idea de que se trata de una zona saturada y agregó que: “parece que el ayuntamiento está trabajando más a favor de ese constructor que del interés general”.
El concejal de Urbanismo y Territorio, Juan Manuel del Pino, recordó que el régimen jurídico que asiste a día de hoy a esta parcela es el PGOU del 98 y que atiende a una edificabilidad de 2.430 metros cuadrados “y todos edificables”. Y señaló que el equipo de gobierno acepta la propuesta de la empresa en lugar de otra opción como podría ser acometer una modificación puntual del PGOU que volviera a convertir en viario la parcela del ayuntamiento.
“Hemos de tener en cuenta que vamos a recibir una plaza pública terminada y un viario que va al paseo público terminado que no nos cuesta un euro y encima vamos a recibir un millón de euros. Estamos obteniendo un beneficio público; también, es normal que el promotor al mismo tiempo saque su beneficio particular”, ha indicado.
Otro de los asuntos que concitó debate en el pleno fue con motivo de la propuesta de resolución presentada por el PSOE y Compromís para solicitar la desclasificación de los sectores Ràfol I y II, Feliu I y II y Garduix I y II, avalados por un informe de los servicios técnicos municipales que establece que el Ayuntamiento puede desclasificar dichos terrenos sin responsabilidad patrimonial y económica, propuesta que fue respaldada por Defendamos Calpe.
Desde el equipo de gobierno, por su parte, que en el mismo pleno había dado cuenta sobre la consulta pública que se ha abierto en relación al futuro urbanístico de estos sectores, se puso de manifiesto que ahora es momento de recabar la opinión de los ciudadanos al respecto y que después del verano estudiará junto con la oposición las diferentes opciones que se puedan plantear. Juan Manuel del Pino precisó, además, que antes de aprobar cualquier instrumento urbanístico hay que hacer una consulta previa y por tanto “estamos cumpliendo con la ley”.
“La opción del equipo de gobierno es sensata, razonable y muy responsable; no podemos precipitarnos, las cosas hay que verlas en su justa medida y valorar los pros y los contras”, señaló la alcaldesa quien dijo que a parte de la desclasificación existen otras posibilidades de actuación en relación a estos sectores.